El proyecto de real decreto que se somete a información pública tiene como objeto desarrollar lo previsto en el apartado 1.b) de la disposición final tercera de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en lo que hace referencia a las garantías financieras exigibles a los productores de residuos, a los gestores de residuos, incluidos los transportistas, los agentes y los negociantes, a los sistemas de responsabilidad ampliada del productor y a cualquier otro sujeto, que estén obligados a su constitución, bajo la forma y condiciones establecidas en dicha ley, así como de lo previsto en la normativa específica que regula la gestión de residuos o las operaciones de tratamiento de residuos.
Con esta norma se busca facilitar a los sujetos obligados el cumplimiento de la obligación de constituir garantías financieras adecuadas para poder responder de las responsabilidades que les puedan ser exigidas por la administración, o por las personas que pudieran verse afectadas por daños o lesiones a consecuencia de accidentes ocurridos en el ejercicio de su actividad.
Se busca también dotar a las autoridades competentes de mayores facilidades para obtener la compensación que proceda en caso de un incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades que les son exigibles a los productores y gestores de residuos.
