introducción.

La preocupación de aproema.

En los últimos años, se viene detectando una ralentización y bloqueo de los procesos facilitadores de la introducción en el mercado gallego, de productos reciclados y otros productos/servicios verdes.

Así mismo, en ocasiones, se ha identificado la necesidad de localizar productos verdes, identificándose una carencia total o dificultad de acceso a lo que ofrece el mercado. Por último, se han identificado errores conceptuales y falta de criterio, en general, a la hora de tomar una decisión acertada en el marco de la compra verde.

Todo ello obliga a APROEMA a realizar un esfuerzo en la promoción de la compra verde que se inicia con el desarrollo de este proyecto denominado “GALICIA MERCA VERDE”, con el cual se pretende: evaluar la situación actual referente a la aplicación de criterios ambientales en la contratación de productos y servicios con la finalidad de identificar estrategias eficaces para el fortalecimiento del mercado del reciclaje y la compra verde.

Barreras a la compra verde y estrategias para su ruptura.

1. PRECIO Existe una percepción bastante generalizada, de que los productos/servicios verdes son más caros que sus alternativas convencionales. Esto, puede ser cierto cuando hay se imputar costes de los nuevos desarrollos en el precio; sin embargo, a menudo esta diferencia es mínima o inexistente; también influye en el problema del precio la economía de escala ya que si los pedidos son de menor tamaño los costes asociados, tanto a la producción como a la logística y promoción, serán proporcionalmente mayores; en ocasiones, puede conllevar que determinados productos no se encuentren disponibles en los mercados locales. En ocasiones, un producto de precio más elevado, puede constituir un ahorro si se analizan los costes de uso, mantenimiento y gestión de residuos asociados a lo largo del ciclo de vida del producto tras su puesta en el mercado.
2. DISPONIBILIDAD: Con frecuencia, los proveedores locales no tiene stock de productos verdes, o disponen de cantidades menores, pudiendo ocasionar retrasos o, incluso, inviabilidad, del suministro. Los fabricantes, a veces tienen un factor limitante, ya que alguna de las materias primas que le darán la característica de “verde” a sus productos/servicios no están disponibles en el mercado en cantidad suficiente.
3. INEXISTENCIA DE UNA ALTERANTIVA “VERDE” ACEPTABLE: para algunos productos, bien por cuestiones tecnológicas, bien por la escasa demanda en el mercado y la consecuente falta de desarrollo, no existe una alternativa “verde” en el mercado.
4. FALTA DE OBLIGACIONES CORPORATIVAS: Para que en una organización de implanten programas de compra verde, deben existir obligaciones que incluyan a los diferentes niveles de la organización. Es todavía poco frecuente que las organizaciones posean políticas de compra verde.
5. CONOCIMIENTO INSUFICIENTE: buena parte de las organizaciones no están familiarizadas con el concepto de compra verde o con las opciones disponibles.
6. FALTA DE ESPECIFICACIONES: Los compradores normalmente no establecen ni priorizan requisitos ambientales para los productos ni consultan con los proveedores, con la finalidad de conocer la gama de productos/servicios “verdes” disponibles.
7. HÁBITOS DE COMPRA: los hábitos de gestión de las compras ya adquiridos en una organización, y la costumbre de utilizar una determinada marca y/o modelo, dificultan los procesos de cambio necesarios para promover y facilitar la compra verde.

Marco jurídico.

En la Unión Europea existen ya mecanismos que promueven y protegen las iniciativas dirigidas hacia la sostenibilidad y pretenden promover la compra verde.

Cabe destacar, en primer lugar la ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (Comunicación de la Comisión Desarrollo sostenible en Europa para un mundo mejor: Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible. Propuesta de la Comisión ante el Consejo Europeo de Gotemburgo, COM/2001/0264 final), que tiene como principios:

• promoción y protección de los derechos fundamentales;
• solidaridad intra e intergeneracional;
• garantía de una sociedad abierta y democrática; participación de los ciudadanos, empresas e interlocutores sociales;
• coherencia e integración de las políticas; e
• explotación de los mejores conocimientos disponibles; y
• principios de precaución y de “quien contamina, paga”.

Y, para la gestión de la compra pública verde (Green Public Procurement, GPP) la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios que, recuerda la necesidad de favorecer la compra verde, sin que se vulneren los principios del libre mercado:

• libre circulación de mercancías,
• libertad de establecimiento
• libre prestación de servicios

En España, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público en la que se establecen varios requisitos para la introducción de criterios ambientales en la contratación pública traspone la Directiva Europea y otras órdenes más recientes, se dirigen de forma mucho más específica y directa hacia la GPP:

• Orden MAM/2116/2007, de 10 de julio, sobre requisitos y criterios medioambientales a introducir en los pliegos de cláusulas administrativas que rijan en los contratos del ministerio de medio ambiente y los organismos públicos de él dependientes.
• ORDEN PRE/116/2008, de 21 de enero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública Verde de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social.

En Galicia, no existe normativa que regule y/o promueva la compra verde, sin embargo, se ha constituido una Comisión para la integración de los aspectos ambientales en la contratación pública. Dicha Comisión, en septiembre de 2010 elevó a la junta consultiva de contratación una propuesta de inclusión, que está actualmente siendo revisada para su aprobación.

diagnóstico.

El proyecto Galicia Merca Verde se ha articulado entorno a dos procesos diferentes:

Benchmarking relativo a la compra verde en diferentes organizaciones y países, con la finalidad de identificar facetas del problema, oportunidades y estrategias de mejora y elementos necesarios para diagnosticar, con la mayor objetividad la situación de Galicia respecto a la compra verde.

Análisis de la situación actual de la Compra Verde en Galicia: para ello se diseñaron y validaron unos cuestionarios destinados a determinar cual es el grado de conocimiento, interés y aplicación real en relación con las compras verdes en Galicia, en los diferentes agentes de la cadena de consumo público y privado (excluyendo el consumo doméstico);

La muestra.

Encuestas contestadas: 101 Comprador privado, 13 Administracion pública, 48 Proveedor.

Análisis de concursos públicos en Galicia:

Se han analizado los Pliegos Técnicos de un 5% de las licitaciones más recientes en Galicia, de diferentes instituciones y tipología de contratos (obras, servicios, suministros, etc.), incluidos en la Plataforma de Contratación de la Xunta de Galicia con la finalidad de conocer las características de la contratación desde el punto de vista de la aplicación de criterios ambientales. El resultado general de este análisis es el siguiente:

• Nº de contratos estudiados: 102
• Nº de contratos con criterios ambiantales: 30
• % de los contratos que incluían criterios ambiantales: 29,41%
• Nº de criterios ambientales diferentes: 17
• Nº de criterios ambientales cualitativos: 15
• Nº de criterios ambientales cualitativos: 2

Destacar que ninguno de los pliegos analizados, incluye criterios de ecoetiquetado ni de análisis de ciclo de vida.

Los resultados de las encuestas de opinión.

Esta parte de la guía se estructura en 5 puntos, que permitirán presentar el diagnóstico de la Compra Verde en Galicia y establecer las estrategias para su fortalecimiento:

• Política
• Conocimiento
• Mercado
• Innovación
• Regulación y fortalecimiento

Política:
Comprador privado: En el caso de aquellas empresas o instituciones públicas que cuentan con Sistema de Gestión Ambiental (SGA) la gran mayoría han introducido en su sistema objetivos de compra verde.

Existe un 22% de empresas que nunca compran productos y/o servicios verdes.
Siendo los productos que más frecuentemente se compran papel y productos de papel e iluminación.

Administración pública: Cerca del 40% de las instituciones encuestadas consideran que la preocupación ambiental en las propias administraciones es deficitaria y sólo en un 46% de los casos han aplicado, alguna vez criterios ambientales en las licitaciones.

Proveedor de servicio / producto verde: Por último destacar, que la política de los proveedores de productos/servicios verdes en muchas ocasiones es mixta, es decir, hacen convivir, en su actividad, productos/servicios tradicionales, con los verdes:

 

Conocimiento:
Administración pública: Es curioso que, manifestando que, mayoritariamente (70%), en las entidades públicas no se conoce la existencia de un marco legal y otras herramientas dirigidas a integrar los criterios ambientales en la contratación pública, en ningún caso indican como causa de la escasa aplicación de estos criterios la falta de formación.

Se indican, sin embargo, como factores principales:

• El peso de los criterios económicos
• La falta de preocupación ambiental del personal en general

Comprador privado y proveedor de servicio/producto verde: Mientras que el proveedor “verde” cuenta con los ecoetiquetados, entre las principales herramientas para acreditar su producto:

Las administraciones y compradores privados, tienen este tipo de herramientas como algo secundario. Así, como ya se ha dicho, por ejemplo, en los pliegos de contratación pública revisados ninguno exige criterios de ecoetiquetado y, en el caso del comprador privado y de las administraciones públicas el ecoetiquetado sólo se exige en un 10% de los casos.

Mercado:
En este punto, se ha tenido en cuenta, sobre todo la opinión de los proveedores quienes, como se puede ver, actúan en diferentes ámbitos geográficos, aunque, de momento hay un claro predominio del alcance territorial autonómico.

Destacar que, la visión más extendida entre los proveedores es que se trata de un mercado en alza y que, en ningún caso parece disminuir, aunque tenga fluctuaciones.

En cuanto al esfuerzo comercial parece que, en general es igual al del producto tradicional (43%) o superior (49%). Sin embargo, en términos de resultados, el abanico es más amplio, ya que hay un 12% de empresas que consideran que para igual esfuerzo, el resultado es algo peor que en el caso del producto tracional.

Respecto a las razones para “compar verde” parece ser que son bastante variadas, pero sí parece existir una predominante, que es el precio; también cobra importancia la preocupación ambiental del personal de compras.

Innovación:
Sin duda el producto/servicio verde, como algo todavía novedos, está impregnado de innovación.
No obstante, tomando como referencia las causas identificadas para los proveedores dirijan cada vez más su interés hacia el producto/servicio verde (el 80% de los encuestados opinan que su competencia también está entrando en este tipo de mercado), se puede afirmar que existe gran necesidad innovación, sobre todo en tres ámbitos:

• Mejora de los procesos productivos para hacerlos más competitivos
• Comercialización y marketing verde
• Generación de nuevos productos para una demanda nueva más concienciada con el medio ambiente

Regulación y fortalecimiento:
En cuanto a la regulación, existe un marco estatal claro, sin embargo existen limitaciones, en el marco del libre mercado, que deben ser tenidas en cuenta para el éxito de las medidas de fortalecimineto del mercado verde. Es decir, se deben garantizar:

• libre circulación de mercancías
• libertad de establecimiento
• libre prestación de servicios
• así como los principios que de estas libertades se derivan: el principio de igualdad de trato,
• el de no discriminación,
• el de reconocimiento mutuo,
• y el de proporcionalidad y transparencia

Sin duda, en el marco Gallego, es necesaria una herramienta pública que fortalezca y dirija con éxito la Compra Pública Verde en esta comunidad autónoma.

Así mismo, falta una política pública que permita el fortalecimiento y la integración de los aspectos ambientales en las estrategias públicas.

Por último, destacar que con cierta frecuencia, los encuestados de las administraciones públicas demandan técnicos ambientales que asesoren en este tema.

Así mismo, se han identificado oportunidades de mejora ligadas a la existencia de plantillas de Pliegos de contratación que se trasladan de unos concursos a otros, en las que sería fácil introducir criterios e incluso una breve guía para su valoración objetiva, tanto por parte del licitante como del licitador.

 

Diagnóstico global y estrategia para la mejora:

Tomando como referencia la Herramienta c: herramienta de autoevaluación para definir otros pasos de gestión para superar las  barreras organizativas a una adquisición pública con criterios ecológicos, desarrollada en el marco del proyecto europeo LEAP (Local Authority Environmental Management and Procurement), y a partir de la información de campo y otra documentación revisada, se realiza el siguiente diagnóstico de la situación del mercado verde en Galicia:

Esta herramienta, en el proyecto LEAP se aplica sólo a la compra pública verde, sin embargo, en este proyecto se hace extensiva al mercado privado. Como resultado de esta foto en la que claramente se observa una necesidad de mejora y fortalecimiento en el ámbito de las políticas públicas y de la innovación en general, se propone establecer estrategias dirigidas a:

• Elaborar documentos consensuados entre los compradores públicos y los proveedores, que permitan valorar adecuadamente el esfuerzo de las empresas que trabajan en aras de la sostenibilidad, sin menoscabo del libre mercado
• Desarrollar documentos informativos, muy claros y precisos en los que se recojan, no sólo los criterios ambientales y las formas de aplicarlos e interpretarlos, sino también los ahorros en las diferentes etapas de su ciclo de vida, ya que estos ahorros pueden suponer una clara ventaja competitiva del producto/servicio verde. En este sentido, quien debe trabajar con mayor intensidad, es el proveedor, que tiene la obligación de desarrollar las herramientas que acreditan este tipo de información (p.e. ACV).
• Promover la innovación, no sólo en el ámbito de la producción sostenible, sino que, parece fundamental la innovación en términos de marketing verde.
• Favorecer, desde la administración pública, el uso de herramientas más específicas que los SGA (ecoetiquetado, autodeclaraciones, certificaciones de producto, etc.), sin que ello vaya en detrimento de estos últimos.

Sería muy aconsejable revisar periódicamente los indicadores de evolución del mercado verde, a fin de garantizar la mejora y buen desarrollo del mismo.

herramientas.

Partiendo de que se va a considerar “Compra Verde” al proceso mediante el cual se adquieren bienes, servicios y obras con un impacto ambiental reducido durante todo su ciclo de vida en comparación a los bienes, servicios y obras con la misma función primordial que de otra manera se han de contratar, es necesario conocer los mecanismos y herramientas que garantizan, al consumidor final es “impacto ambiental reducido”.

Por ello, este capítulo de la guía, pretende:

• Explicar de forma sencilla y manejable los principales conceptos técnicos que pueden determinar un “producto/servicio verde”.
• Introducir una sistemática completa para la gestión de la compra verde en la empresa privada y en los organismos públicos.
• Facilitar información para establecer criterios ambientales en la gestión de las compras a través de enlaces web.

Conceptos.

Analisis del Ciclo de Vida: El análisis del ciclo de vida (ACV) de un producto es una metodología que intenta identificar, cuantificar y caracterizar los diferentes impactos ambientales potenciales, asociados a cada una de las etapas del ciclo de vida de un producto (desde la cuna a la tumba).

 

En caso de conocer el ACV de varios productos o servicios homólogos, es necesario conocer:

1. Las bases de datos utilizadas para los cálculos
2. El alcance real

Para que esta herramienta, aplicada a diferentes productos o actividades sea comparable, es necesario contar con bases de datos fiables, ya que los criterios de cálculo pueden diferir, de unos casos a otros, generando confusión sobre cuál constituye el óptimo ambiental.

Del mismo modo, es necesario conocer el alcance real del ACV, ya que en ocasiones, por falta de información viable, se obvia determinada parte del ciclo (p.e. el consumo de energía de la cadena de suministro o el balance energético y de emisiones de la gestión de los residuos).

* Información de interés: Life Cycle Initiative,  Open IO (Universidad de Arkansas),  The Sustainable Consortium: Adopting LCA: the Benefits of Life Cycle Assessment.

 

Ecoetiqueta: El etiquetado ambiental es, según la UNE-EN-ISO 14020:2002: Etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales. Principios generales, un conjunto de herramientas voluntarias que intentan estimular la demanda de productos y servicios con menores cargas ambientales ofreciendo información relevante sobre su ciclo de vida para satisfacer la demanda de información ambiental por parte de los compradores.

Hay tres tipos de etiquetas ambientales según la ISO 14020 (Tipo I: ecoetiquetas certificadas, Tipo II: autodeclaraciones ambientales de producto, y Tipo III: EPD, Environmental Product Declaration); las principales diferencias entre éstas se muestran en la siguiente tabla:

fuente: eco sme

Existen gran número de ecoetiquetados, algunos con reconocimiento a nivel internacional (p.e. FSC, para garantizar la sostenibilidad de las explotaciones forestales y de los productos que utilizan su madera a través de la cadena de custodia) o de determinados mercados (p.e. Ecoetiqueta de la Unión Europea), para productos o servicios específicos (p.e. Breeam, para edificación sostenible) o para aspectos ambientales concretos (p.e. Carbon Reduction Label, para certificar la huella de carbono de un producto).

 

Eficiencia energética: una definición amplia es, la obtención de los mismos bienes y servicios energéticos, pero con mucha menos energía, con la misma o mayor calidad de vida, con menos contaminación, a un precio inferior al actual, alargando la vida de los recursos y con menos conflicto (AEDENAT et al 1998).

A un nivel práctico, es interesante contar con etiquetados específicos que nos informan comparativamente sobre la eficiencia de diferentes productos de la misma gama o diseñados para la misma función.

Un ejemplo ya clásico, es el de los electrodomésticos:

 

GPP (Green Public Procurement): un proceso mediante el cual los organismos públicos adquieren bienes, servicios y obras con un impacto ambiental reducido a lo largo de todo su ciclo de vida, cuando se comparan estos bienes, servicios y obras con otros de igual función primaria y que, por tanto, sería factible comprar.

 

Huella de Carbono: es una expresión simplificada en forma de cantidad de Carbono (generalmente expresado en toneladas de CO₂ equivalentes) que se emite por una actividad, una organización o producto.

Para comprender y comparar el resultado de la huella de carbono de dos productos, actividades u organizaciones, es necesario que esta huella haya sido calculada con la misma metodología, partiendo de los mismos factores de emisión, con igual nivel de incertidumbre y que haya contemplado las mismas etapas de la actividad, entradas y salidas, aspectos directos e indirectos.

Las etiquetas que certifican esta información ambiental, son un buen estándar. No obstante, hoy en día existe diversidad de criterio entre unas y otras.

 

Minimización de residuos: cualquier técnica mediante la cual se logra evitar o prevenir la producción de residuos, o se reduce o elimina su peligrosidad. Puede lograrse a través de:

• Ahorro en materias primas
• Sustitución de materias primas y/o aditivos peligrosos por otros de menor o nula peligrosidad
• Cambios tecnológicos en el proceso (suelen reducir mermas, defectos, efluentes, etc.)
• Reutilización o reciclado in situ de los desechos del propio proceso
• Cambios organizativos (p.e. mejora en la gestión de compras)
• Formación y concienciación de los trabajadores (mejora de los hábitos de orden y limpieza, separación en origen, etc.)

 

Plan de Vigilancia y Seguimiento Ambiental: Conjunto de medidas, programadas, para asegurar que los impactos ambientales de una obra o proyecto se encuentran, en todo momento bajo control y dentro de los límites que, previamente se han establecido como tolerables.

Estos Planes suelen ser obligatorios en muchas obras y proyectos que han sido sometidos a  algún procedimiento de Evaluación Ambiental.

Para que sean eficaces, deben existir unos indicadores de seguimiento, una dotación presupuestaria y unas personas designadas de forma expresa, para las diferentes acciones que se hayan planificado.

Así mismo, el resultado de estos planes debe recogerse en informes periódicos que muestren no sólo los resultados obtenidos, sino también las medidas tomadas, en caso de que se detectaran desviaciones indeseadas.

 

Reciclaje: toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original como con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del material orgánico, pero no la valorización energética ni la transformación en materiales que se vayan a usar como combustibles o para operaciones de relleno

 

Reutilización: cualquier operación mediante la cual productos o componentes de productos que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos (ley 22/2011)

 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA): Según la norma UNE-EN-ISO 14001:2004, es la parte del sistema de gestión de una organización empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales. Es decir, un grupo de elementos interrelacionados usados para establecer la política y objetivos ambientales, y lograr su cumplimiento.

Es necesario tener claro que una empresa o instalación con un SGA certificado debe reunir unos requisitos dirigidos, más allá del cumplimiento de la normativa ambiental, a garantizar la mejora continua en términos de protección y gestión ambiental. Sin embargo, en términos de compra, no aporta información que permita comparar el desempeño ambiental.

En este sentido, el EMAS (Sistema Comunitario de Gestión y Auditorías Ambientales) va más allá al exigir la presentación pública del desempeño ambiental de la actividad, a través de la declaración ambiental. Sin embargo, la falta de estandarización de los indicadores, impide una comparativa rigurosa entre empresas o instalaciones certificadas.

 

Pasos para establecer y hacer operativa una política de compra verde.

identificar productos/servicios adecuados:

identificar necesidades:

expresar correctamente la necesidad:

escoger una denominación “verde”:

redactar especificaciones técnicas (I):

establecer criterios de selección:

Partir de listas exhaustivas de criterios que mencionan las directivas europeas y las GPP. Incluir criterios ambientales que demuestren la capacidad técnica de cumplir el contrato. Indicar a los suministradores, proveedores de servicios y contratistas que pueden hacer uso de Sistemas de Gestión Ambiental y autodeclaraciones para probar la conformidad con los criterios. Para establecer los criterios es práctico:

• Buscar ejemplos de características ambientales en bases de datos y etiquetas ecológicas.
• Emplear las «mejores prácticas» de otros colaboradores o entidades similarse, utilizar un sistema de redes para la obtención y difusión de información.
• Adoptar un «enfoque sobre el coste del ciclo de vida», no traslade el impacto ambiental de una fase del ciclo de vida a otra.
• Incluir especificaciones de rendimiento o exigencias funcionales con objeto de fomentar la presentación de ofertas innovadoras con dimensión ecológica.
• Tener en cuenta niveles de actuación sobre el medio ambiente como uso de materias primas, métodos de producción sostenibles (cuando sea relevante para el producto final o servicio), eficiencia energética, energías renovables, emisiones, residuos, «facilidad de reciclado», productos químicos peligrosos, etc.

establecer criterios de adjudicación:

incluir cláusulas ambientales en los contratos:

Es importante, además de los criterios y decisiones tomados en las fases anteriores, establecer condiciones medioambientales adicionales. Insista, si procede, en el empleo de medios de transporte respetuosos con el medio ambiente, la correcta gestión de los residuos, el control de las emisiones sonoras, u otras que puedan proceder en cada caso.

comprobar que lo que se pide es adecuado al objeto del contrato:

Finalmente, antes de iniciar la solicitud de servicios/productos verdes, o el proceso de licitación pública, es necesario comprobar que todos los aspectos que se exigen son adecuados a la necesidad inicialmente identificada.
En caso contrario, se revisará todo el proceso y se eliminará la información supérflua.

 

Enlaces web:

productos.

Guía de criterios para la identificación y/o compra de productos-servicios verdes.

-  Uso para la formulación de sustancias tóxicas o que liberan gases contaminantes del aire aguas y suelos

- Riesgos durante su uso y manipulación

- Generación de envases y embalajes vacíos, que, con frecuencia , serán residuo peligroso

 

PAPEL PARA COPIAS Y GRÁFICO 

SERVICIOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA

 

Otros requisitos a tener en cuenta:

• Pruebas de calidad que demuestren que el producto ofertado es adecuado para el uso previsto
• No vulnerar la libre competencia: en el caso de la compra pública requisitos asociados al Ecoetiquetado cumpliarán las siguientes condiciones: En caso de exigirlo deberá expresarse como exigencia de que en todas las ofertas (siempre que exista para ese producto) se cumplan los criterios ecológicos de la Ecoetiqueta Europea (no se puede exigir la certificación, servira un informe técnico de fabricación y/o ensayos realizados por empresas independientes).

buenas prácticas.

La gestión de la “compra verde”, en primer lugar debe seguir las buenas prácticas de cualquier gestión de compras:

• Eficiencia económica, ajustando los stocks a las necesidades reales de la actividad y la ocupación equilibrada de espacio, evitando obsolescencias y/o deterioro de las mercancías y, por tanto, minimizando la producción de residuos asociados a daños, caducidades, cese de la necesidad que motivó la compra
• Respuesta en los plazos necesarios
• Precio adecuado y calidad ajustada a las necesidades reales

Está claro que, para cualquier compra, se negocia con los proveedores, en términos de precio, condiciones económicas y/o de financiación, garantías y devoluciones de mercancías, pedidos mínimos, etc.

Cuando a esta negociación se añaden criterios necesarios para dirigirse hacia la sostenibilidad de la actividad, es necesario negociar en términos de “eficiencia ambiental”, teniendo en cuenta para ello:

• Eficiencia energética del sistema logístico, lo cual deberá ser analizado conjuntamente con cuestiones como los plazos, pedidos mínimos y embalajes exteriores
• Minimización de residuos que, de nuevo está vinculado a los embalajes y pedidos mínimos, a la gestión de devoluciones, fechas de caducidad, etc.
• Reducción de la peligrosidad de las sustancias y/o materiales que integran el pedido, teniendo en cuenta que es necesario conocer, para una buena negociación, qué existe ya en el mercado.
• Optimización de las emisiones de CO₂ en todo el ciclo de vida del producto/servicio. En este sentido, es necesario tener en cuenta que muchos artículos y servicios no han avanzado suficiente para ofrecer una información de calidad, en cuyo caso, no procedería introducir este aspecto ambiental en la negociación y evaluación de alternativas.
• Utilización de materiales reciclados en la producción y/o servicio, aunque puede que no exista oferta en el mercado, o que ésta no sea suficiente para responder a las necesidades de la actividad en los plazos debidos.
• Utilización de materiales, envases y embalajes reciclables y/o reutilizables.

Por último, una vez aclaradas estas cuestiones, es necesario establecer, sobre aquellos aspectos que, finalmente si incluyan en la negociación, cómo se va a acreditar su cumplimiento, ya que en caso contrario, puede que la “compra verde” se quede en el papel.
A continuación, se indican, para diferentes productos una serie de buenas prácticas que van más allá de la compra e implican, por tanto, al usuario que influirá definitivamente en el resultado real del ciclo de vida del producto/servicio:

oficina.

pinturas.

biocombustibles.

turismo.

jardinería.

automoción.

transporte.

limpieza.

impresión.

construcción.